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Puebla y la creciente ola de justicia por mano propia

Puebla y la creciente ola de justicia por mano propia

El martes pasado Atoyatempan documentó un nuevo caso de linchamiento en la entidad poblana, ya que la furia de los pobladores cobró la vida de uno de dos sujetos que fueron señalados de intentar raptar a dos menores de edad en el acceso a un colegio de nivel preescolar.

Inicialmente ambos individuos fueron entregados a la policía de ese lugar, sin embargo, la fuga de uno enardeció a los colonos al grado de sacar al segundo implicado de la celda para golpearlo y  ahorcarlo.

Con este crimen la cifra de linchamientos en el estado de Puebla aumentó a nueve casos en lo que va de 2018, evidenciando la falta de confianza de la sociedad a los cuerpos policiacos,  pero sobre todo a la inadecuada aplicación de la justicia.

El hecho parece no sorprender a los poblanos, la creciente violencia ha colocado el estado   entre los primeros a nivel nacional con  mayor número de linchamientos, solo por debajo del Estado de México que ocupa la posición de honor.

Tan solo en 2017 la entidad poblana cerró con 22 personas asesinadas en eventos que se salieron de control por multitudinarias turbas, las cuales  basaron su agresividad en la ineptitud de las diversas policías y en las lagunas que ha presentado la aplicación del ya reformado sistema de justicia penal.

Para las autoridades el linchamiento es un acto violatorio de la declaración universal de los derechos humanos y del mismo  Artículo 17 constitucional, donde se establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, además de que tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, pero dichas reglas han perdido por completo el respeto de una sociedad que cada día denota  mas hartazgo  y temor  de los hechos delictivos.

La cantidad y la frecuencia de estas ejecuciones públicas poco a poco ganan más aceptación entre la gente, sobre todo en los estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que en los últimos meses también han registrado números crecientes.

Como consecuencia de este fenómeno a nivel internacional, México figura  como un país donde la seguridad deja mucho qué desear y rebasa el contorno de la vigilancia alcanzando los estratos más degradados de los cuerpos policiacos, generando la irritación  de los ciudadanos cuya única vía de solución a los problemas sociales es la violencia.

La triste realidad es que mientras el tema no sea reformado nuevamente para poder garantizar la seguridad de los mexicanos, la violencia se mantendrá  por encima de la razón y sobre todo del derecho a la vida en particular.

Hasta la próxima

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